La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) avisa de que se avecinan modificaciones en las tarifas de la recogida de basura. No obstante, no es una novedad que pase desapercibida.
A partir de la creación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, los consistorios de toda la geografía española disponen hasta abril de 2025 para habilitar una tasa de la recogida de basura que cubra el coste verdadero de la gestión de la recogida de basura.
Esto significa una posible subida de los precios en las ciudades donde ya se está aplicando y la entrada en vigor de la tasa en los lugares donde no se aplica este tipo de contribución. Con estos cambios, España pretende alinearse con los objetivos comunitarios en relación al reciclaje, aunque, desde la OCU, también podría conllevar un aumento para el bolsillo de los usuarios.
Gastos según la vivienda
El coste de la gestión de la recogida de basura podría depender de cada vivienda en función del tamaño, número de miembros del hogar o de su consumo de agua.
La OCU reclama claridad y equidad en los nuevos criterios de cobro. La OCU señala que la nueva tasa tiene que ser justa, sencilla para los consumidores. La idea de la nueva figura impositiva es «quien contamina, paga», pero la organización de consumidores también recuerda que los consistorios han de aplicar un modelo de cálculo que esté claro y que se ajuste a cada caso.
Según la OCU, es importante que los consumidores que hacen las cosas bien no sean penalizados. Esto no animaría a realizar la separación correcta en el hogar. Un aspecto clave del que defiende la OCU es evitar sistemas complejos que disuadan a hacer la separación de residuos para la recogida. Por ejemplo, que exijan la compra de bolsas concretas o de recipientes para la recogida de los residuos que tengan un coste.
Este sencillo planteamiento pretende que los usuarios no se topen ni con sorpresas ni con inconvenientes en el momento de afrontar sus deberes de reciclaje y estimula a su vez una conducta sostenible sin sumar cargas adicionales.
La OCU pone el foco en los alquileres
Uno de los puntos que la OCU pone la mira es la claridad en los contratos de alquiler. En virtud de ley, el sujeto pasivo de la tasa es el ocupante de la vivienda, es decir, el inquilino. Este puede incluir la tasa en el contrato. Para evitar malentendidos, la OCU recomienda que se especifique si es el inquilino es el que debe hacer frente al pago. Habrá excepciones de consumidores vulnerables, reducciones de la tasa dependiendo de los ingresos y el tipo de familia.
Para muchos surgen las dudas en torno a si esta tasa supondrá o no un gasto más. La OCU sostiene que, en teoría, los ayuntamientos deberían hacer descender la recaudación de otros impuestos, como el IBI. Sin embargo, lamenta que en la práctica esto no suele suceder. Por tal motivo propugna una redistribución equitativa que haga descender impuestos si esta nueva tasa resulta que empieza a repercutir en la capacidad económica de las familias.
