La incapacidad temporal es un subsidio diario que se facilita al trabajador que está en situación de baja laboral, con el fin de cubrir la pérdida de ingresos. Hasta hace unos meses, el trabajador debía presentar el parte de baja médica a la empresa (trabajadores por cuenta ajena) para hacer constar la solicitud.
Sin embargo, esto hacía que el proceso se alargara y, en muchas ocasiones, empeorara la situación de los ciudadanos. Además, el año pasado aumentó el número de bajas registradas en España. Todas estas circunstancias han hecho que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) cambie su forma de proceder a la hora de admitir una baja laboral.
EL TGSS lanza una advertencia sobre la incapacidad temporal
Según los datos que ofrece la Seguridad Social a lo largo del año, actualmente más de 8 millones de ciudadanos están en situación de baja médica en nuestro país. Esto quiere decir que el organismo destina gran presupuesto a cubrir los subsidios diarios que reciben los afectados.
En concreto, el gasto que supone gestionar estas prestaciones de incapacidad temporal suponen para el Estado un desembolso de más de 14.000 millones de euros. De hecho, se trata del segundo gasto del TGSS más importante.
Por esta razón, la directora general del INSS, María del Carmen Armesto, ha pedido a Rosa Santos, directora del departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, que las empresas faciliten los datos referentes al trabajador afectado por una lesión o enfermedad.
En la misiva se hace hincapié en lo que respecta a las funciones laborales del trabajador que está de baja, con el fin de facilitar la labor de los inspectores médicos.
Ajustes en el prespuesto para la incapacidad temporal
Hoy en día, la prestación por incapacidad temporal en España es uno de los gastos más acusados de la Seguridad Social. Por esta razón, el organismo se ha visto obligado a anunciar un ajuste significativo en el presupuesto destinado al control de la incapacidad temporal.
Esto tendrá efecto a partir de 2025, y se actualizará hasta el año 2028. El Consejo de Ministros aprobó un cambio en la política de gasto, fijando un nuevo límite de 315,02 millones de euros anuales, destinado a los convenios con las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
El tiempo de cobro de la cuantía correspondiente a cada trabajador es de 365 días. En cualquier caso, se puede prorrogar otros 180, si se prevé la curación de la persona durante ese periodo de tiempo.
La reducción del presupuesto tiene como objetivo la revisión generalizada de los gastos públicos, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social.