En el contexto de la Seguridad Social en España, los ciudadanos mayores de 55 años que reciben una pensión por incapacidad permanente total tienen la posibilidad de incrementar su base reguladora del 55% al 75%, bajo ciertas condiciones.
Este cambio ofrece un alivio financiero crucial para aquellos cuya capacidad laboral se ha visto comprometida en su profesión habitual, pero que aún podrían desempeñar otras actividades laborales.
La pensión por incapacidad permanente total permite a los beneficiarios compaginar esta prestación con trabajos compatibles, sin imponer un límite de ingresos que pueda anular el beneficio.
Cómo solicitar un aumento en la incapacidad permanente
Para optar al aumento del 20% en la pensión, no solo es necesario tener 55 años o más, sino que también es imprescindible que el solicitante no esté trabajando ni recibiendo prestaciones por desempleo. Este requisito se debe a que la compatibilidad laboral se mantiene únicamente con la pensión base del 55%. Cualquier ingreso adicional derivado de una actividad remunerada o de subsidios por desempleo descalifica al beneficiario para este incremento en la pensión.
La solicitud para el aumento del 20% en la pensión se lleva a cabo a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, lo que simplifica el proceso para los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos. Este beneficio es aplicable exclusivamente a quienes han sido clasificados con una incapacidad permanente total, excluyendo otros grados de incapacidad, como la parcial, la absoluta o la gran invalidez.
Es importante subrayar que este ajuste en la pensión, aunque significativo, no debe confundirse con una jubilación. Las condiciones y derechos son distintos, y los pensionistas con incapacidad permanente tienen la opción de no solicitar la jubilación y continuar recibiendo su pensión de manera vitalicia si así lo prefieren.
Cómo calcular el aumento de la pensión
El aumento del 20% no se aplica directamente sobre la cantidad de la pensión que se está recibiendo en la actualidad, sino que se sigue un procedimiento específico que incluye la actualización de la base reguladora.
Por ejemplo si un beneficiaria de 49 años con una incapacidad permanente total, en el momento en que se le reconoció la incapacidad, su base reguladora era de 2.000 euros. Sobre esta base, se aplicó el 55%, resultando en una pensión de 1.100 euros.
Al alcanzar los 55 años, si el beneficiario cumple con los requisitos para el incremento, primero se debe actualizar su base reguladora. Supongamos que, debido a las revalorizaciones gubernamentales, la base reguladora se actualiza de 2.000 a 2.100 euros. En este nuevo escenario, el 75% se aplicará sobre la base reguladora actualizada.
Este ejemplo aclara que el aumento percibido no consiste simplemente en añadir un 20% sobre la pensión actual, sino que implica un proceso de actualización de la base reguladora y la aplicación de un porcentaje incrementado sobre esta nueva base.
Este mecanismo asegura que el beneficiario reciba una pensión más ajustada al costo de vida actual, lo cual es especialmente relevante en una etapa de la vida en la que los ingresos suelen ser más limitados y las necesidades económicas, mayores. Además, este aumento contribuye a una mayor estabilidad financiera para aquellos que, debido a su incapacidad, han visto restringida su capacidad de generar ingresos mediante el trabajo.
Por tanto, este ajuste en la pensión por incapacidad permanente total representa una medida significativa para proteger a los trabajadores mayores de 55 años, garantizando que sus pensiones reflejen adecuadamente el aumento en el costo de vida y las circunstancias particulares que enfrentan en esta etapa de su vida.
