Las personas con incapacidad permanente podrán decidir sobre su futuro laboral, gracias a las modificaciones que se van a introducir en el Estatuto de los Trabajadores. Una medida que tras acordarse por el Gobierno de España, será aprobada definitivamente para que entre en vigor próximamente. Y es que es deber de todos los mandatarios, actuar en pro de los derechos de las personas que en algún momento puedan verse privada de algún aspecto de su libertad.
En este caso, se trata de un derecho laboral que debía haber correspondido a las personas afectadas desde hace tiempo. Cabe recordar, que cuando la Seguridad Social concede una incapacidad permanente, según el grado que se establezca, podrá conllevar la imposibilidad de la persona para poder seguir desarrollando su actividad profesional habitual, o en algunos casos, ningún otro empleo. Sin embargo, en esta decisión, tendrán ahora los afectados voz, algo que no había ocurrido hasta ahora.
Cambio para las personas con una incapacidad permanente
Hasta ahora, la persona a la que se le concedía la incapacidad permanente, no tenía derecho a decidir sobre su futuro laboral en su puesto habitual. Es más, la empresa contaba con el derecho de despedir automáticamente a este trabajador apoyado por la normativa existente. Sin embargo, esto ha cambiado. El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó una modificación, gracias a la cual, el trabajador tendrá a partir de ahora la primera palabra.
Esto significa, que ninguna empresa podrá ya despedir a un trabajador de forma automática, por habérsele concedido una incapacidad permanente. Por tanto, ahora será el trabajador quien decida su futuro en la empresa. De este modo, tendrá la opción durante un mes, de pensar si quiere que se le adapte su puesto a sus nuevas circunstancias, si prefiere otro puesto más accesible a él en la empresa, o si deja de trabajar.
Una vez el trabajador tome la decisión, la empresa contará con un periodo de tres meses para adaptar las condiciones de la empresa, en base a la petición que finalmente haya hecho el trabajador. Esto significa, que tendrá la obligación de adaptar el puesto de trabajo habitual o de encontrar otra vacante más acorde a las nuevas circunstancias del trabajador, si este así lo decide. Pero, ¿Quién correrá con los gastos que esto suponga a la empresa?
La posición de la empresa
Pero, ¿Qué supone este cambio para las empresas con un trabajador al que le concedan una incapacidad permanente? De momento, está por ver, pero todo apunta a que será un gran reto llegado el caso. Y es que no todos los negocios cuentan con las herramientas para poder adaptar según que puestos, o para crear una vacante para determinado perfil de persona. ¿Qué ocurrirá en estos casos?
El sentir mayor de la parte empresarial radica en el «gasto excesivo» que en la mayoría de los casos esto puede conllevar para el negocio. De este modo, al final hay casos que pueden terminar en conflicto entre trabajador y empresario, lo cual no favorece a ninguna de las partes. No obstante, ya se están planteando ayudas para que las empresas que acrediten no poder hacer frente a los gastos extras de esta situación, por contar con recursos limitados, puedan cumplir con su obligación.
A falta de limar la parte de las empresas, y proponer ayudas que fomenten el buen fin de este cambio, sin duda se trata de una medida que aporta una gran valor al derecho al trabajo que puede tener cualquier persona, aunque haya sufrido una enfermedad o accidente. Es decir, que es una medida que beneficia a trabajadores que a pesar de esa incapacidad permanente, quieren seguir en el mercado laboral.