El pasado mes de de mayo, el Consejo de Gobierno aprobó una importante modificación en la legislación laboral española que afecta los pensionistas de una incapacidad permanente. Esta reforma aborda las causas de extinción del contrato de trabajo, incluyendo la muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador.
En caso de que se declare una incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para todo trabajo o gran invalidez, y si se prevé una posible mejora que permita la reincorporación del trabajador a su puesto, la relación laboral se suspenderá, reservando el puesto durante dos años a partir de la resolución de incapacidad.
Esta normativa implica que, si un trabajador obtiene una declaración de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez,, la empresa generalmente puede extinguir su relación laboral, excepto en los casos donde se aplique la suspensión de la relación laboral.
Cambios en la incapacidad permanente
La incapacidad permanente total, definida como la incapacidad para realizar las tareas fundamentales de la profesión habitual, permite al trabajador dedicarse a una actividad laboral distinta. Por tanto, la pensión por incapacidad permanente total es compatible con cualquier trabajo que implique tareas diferentes a las que realizaba antes de la incapacidad.
Adicionalmente, los trabajadores declarados con incapacidad permanente total que tengan 55 años o más pueden recibir un complemento del 20% en su pensión, denominado incapacidad permanente total cualificada, debido a la dificultad de encontrar empleo en una nueva actividad. Sin embargo, este complemento se suspenderá mientras el trabajador obtenga un empleo, ya que es incompatible con el trabajo.
Por otro lado, aquellos que obtengan una declaración de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez no podrán compatibilizar su pensión con ningún tipo de trabajo, según lo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia del 11 de abril de 2024.
La reciente modificación del artículo 49.1 e) ET, impulsada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aclara que dicho artículo contraviene la Directiva 2000/78/CE, que prohíbe la extinción del contrato por incapacidad permanente sin antes haber considerado ajustes razonables por parte del empleador. Esta doctrina ha sido aplicada por algunos juzgados, como el Juzgado de lo Social número 2 de Vigo, que ha declarado la nulidad de la extinción del contrato sin intentos previos de ajustes razonables.
Extinción del contrato
En respuesta a esta doctrina, el Gobierno español ha iniciado la tramitación de un Proyecto de Ley para eliminar la causa de extinción automática. El objetivo es promover un empleo decente para las personas con discapacidad, eliminando la discriminación que suponía el despido automático en situaciones de discapacidad sobrevenida. La nueva legislación prioriza la adaptación del empleo o el traslado a otras funciones en lugar de la extinción del contrato.
Las empresas estarán obligadas a realizar ajustes razonables para permitir que las personas con discapacidad continúen trabajando. Estos ajustes deben ser solicitados por el trabajador y, si no es posible debido a una carga excesiva para el empleador, se considerará el traslado a otro puesto vacante y compatible con la nueva situación del trabajador. La evaluación de la carga excesiva tendrá en cuenta las ayudas y subvenciones públicas disponibles, así como los costos financieros y de otro tipo en relación con el tamaño y volumen de negocios de la empresa.
Esta reforma tendrá un impacto significativo en la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad, especialmente en los casos de IPT, y representa un avance hacia la eliminación de la discriminación en el ámbito laboral español.