La pensión de incapacidad permanente, concebida para trabajadores afectados por enfermedad o accidente que ven disminuida o anulada su capacidad laboral, es gestionada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social no decide el grado de incapacidad ya que esta responsabilidad recae en el informe proporcionado por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).
Este equipo evalúa al trabajador y emite recomendaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre la concesión de la prestación y su tipo, siendo cuatro los factores fundamentales que el tribunal médico considera en España para tomar esta decisión.
Evaluación de la incapacidad permanente
Con la reciente transición ministerial, donde Elma Saiz asumió la dirección del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se anticipan posibles cambios en las políticas de incapacidad permanente. La legislatura anterior implementó significativas reformas en el sistema de pensiones, incluyendo una revalorización del 8,5% y 15% en las cuantías contributivas y no contributivas. Este contexto plantea preguntas sobre las novedades que entrarán en vigor en 2024 y cómo afectarán a la incapacidad permanente, que ya ha experimentado un aumento desde el 1 de enero de 2023.
Los beneficiarios de la pensión deben prestar atención al momento de inicio y a los trámites necesarios. Tres vías existen para solicitarla: de oficio, a petición de entidades colaboradoras o del propio interesado, en la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina (ISM).
El grado de incapacidad permanente es crucial, ya que determina la forma de recibir la pensión y la posibilidad de compatibilizarla con el trabajo.El tribunal médico considera cuatro criterios fundamentales para proponer el grado de incapacidad a la Seguridad Social:
- Impacto en la vida cotidiana y laboral: Se evalúa cómo la enfermedad o lesión afecta las actividades diarias y la capacidad laboral del trabajador, considerando si requiere ayuda de terceros o puede realizar funciones diferentes.
- Cuadro clínico completo: Se analiza el conjunto de dolencias, incluyendo posibles enfermedades adicionales, y cómo pueden afectar la salud y las opciones laborales del paciente.
- Posibilidad de mejora: Se examina si existen opciones de recuperación para el paciente, ya que esto puede influir en el grado de incapacidad permanente.
- Criterios orientativos adicionales: Se toman en cuenta historiales médicos, antecedentes médicos similares y el antiguo reglamento de accidentes de trabajo.
La Seguridad Social establece cuatro tipos de incapacidad permanente según la recomendación del tribunal médico: parcial, total, absoluta y gran invalidez. Estos determinan el grado de limitación en la capacidad laboral y las actividades diarias del beneficiario.
La resolución del expediente de incapacidad permanente puede tardar hasta 135 días hábiles, descontando fines de semana y días festivos. No obstante, la administración suele resolver antes de ese plazo. La notificación de la resolución proporciona información sobre la aprobación de la pensión, el grado asignado y el monto mensual a percibir. En caso de silencio administrativo, es decir, falta de respuesta, la petición se considera denegada y puede ser recurrida.
En conclusión, la determinación del grado de incapacidad permanente por parte del tribunal médico es un proceso crucial que afecta directamente la vida de los trabajadores afectados. Además, las posibles reformas en las políticas de pensiones para el 2024 generan expectativas y preguntas sobre cómo impactarán en esta prestación esencial.