El Gobierno está inmerso en un proceso de revisión de la normativa de pensiones, específicamente centrado en la edad de jubilación anticipada para algunos empleos específicos.
En la segunda reunión con patronal y sindicatos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por la ministra Elma Saiz, ha presentado un borrador que contempla la posibilidad de adelantar la edad de jubilación en sectores con un elevado índice de bajas y accidentes laborales.
La propuesta actual no ha convencido de forma convincente a los agentes sociales, quienes expresan reservas tanto en relación con las variables consideradas para justificar el retiro anticipado como en la fiabilidad de las estadísticas oficiales utilizadas para respaldar dichos índices.
Edad de jubilación para trabajos peligrosos
La legislación española ya contempla la jubilación anticipada para ciertos colectivos, como policías locales, trabajadores ferroviarios y bomberos al servicio de las administraciones públicas, sin implicar un recorte en sus pensiones.
La discusión se centra ahora en modificar las condiciones que determinan qué colectivos pueden acceder a esta jubilación anticipada. Los negociadores de la Seguridad Social proponen considerar factores como la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos relacionados.
No obstante, surgen preocupaciones sobre posibles sesgos de género en la propuesta. En gremios altamente feminizados, como el de las camareras de piso, las dolencias profesionales podrían estar subestimadas, ya que las empleadas, necesitadas de ingresos, podrían evitar tomar bajas y trabajar mientras están medicadas. Esto plantea la posibilidad de que casos como estos queden excluidos de los índices objetivos que el Ministerio de Seguridad Social busca establecer.
En anteriores negociaciones durante la legislatura anterior, las centrales sindicales ya habían advertido sobre la posibilidad de modificar los coeficientes reductores, y se acordó revisar el catálogo de profesiones elegibles para estos cada 10 años.
Estos son los trabajos actuales que se consideran peligrosos:
- Los Policías Locales
- Integrantes del Cuerpo de la Ertzaintza
- Bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos
- Profesionales taurinos
- Trabajadores ferroviarios
- Personal de vuelo de trabajos aéreos
- Trabajadores que forman parte del Estatuto Minero
Consecuencias empresariales
Cambiar la normativa sobre jubilación anticipada tiene consecuencias directas para las empresas, ya que los sectores considerados ‘penosos’ pagan mayores cotizaciones a la Seguridad Social. La ampliación de estos gremios puede conllevar a un aumento en los costes laborales para las compañías o la propia Administración.
El Ministerio se enfrenta actualmente a unos 70 expedientes que reclaman el reconocimiento de diversas profesiones como penosas, solicitando así la posibilidad de un retiro anticipado. La decisión sobre estos expedientes, ya sea de manera positiva o negativa, podría producirse antes o después de consensuar la nueva normativa con los agentes sociales.
Las negociaciones continúan, y en los próximos días, el Gobierno va a enviar una propuesta por escrito a patronal y sindicatos, abordando temas como la jubilación parcial y el contrato de relevo, que son prioridades para los agentes sociales. Además, se explorarán posibles incentivos para que los trabajadores decidan prolongar su vida laboral más allá de la edad de jubilación, compatibilizando parte de su pensión con el sueldo.
Este proceso de revisión normativa evidencia la complejidad y la importancia de encontrar un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores, las empresas y la sostenibilidad del sistema de pensiones.