El Gobierno está a punto de modificar el Estatuto de los Trabajadores, eliminando la extinción automática del contrato en casos de incapacidad permanente total o gran invalidez. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará esta reforma en el próximo Consejo de Ministros, que va a permitir a los empleados en estas situaciones solicitar la adaptación de su puesto de trabajo.
Este cambio normativo responde a un compromiso entre el Ministerio de Trabajo y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), atendiendo a una demanda histórica de este colectivo.
La normativa vigente permite actualmente la extinción automática del contrato por incapacidad permanente, lo cual es incompatible con tratados y directivas internacionales y europeas, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y la normativa europea del 2000.
La nueva normativa para la incapacidad permanente
La reforma se centra en dos puntos principales: la eliminación de la extinción automática del contrato en casos de gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta, y el establecimiento del derecho de los empleados a solicitar adaptaciones razonables y necesarias de su puesto de trabajo. Estas adaptaciones deben permitir al trabajador continuar desempeñando sus funciones, salvo que supongan una carga excesiva para la empresa.
Si la adaptación del puesto de trabajo resulta inviable por representar una carga excesiva, el trabajador podrá solicitar un cambio a otro puesto vacante y disponible, compatible con su situación y perfil profesional. Para evaluar si una adaptación es una carga excesiva, se considerarán factores como las ayudas públicas disponibles, los costes de los ajustes, y el tamaño y volumen de negocios de la empresa.
La nueva ley establece que el empleado tiene un mes desde el reconocimiento de su incapacidad para reclamar la adaptación de su puesto. La empresa dispondrá de tres meses para implementar los cambios necesarios, reubicar al trabajador o, en última instancia, extinguir el contrato si se demuestra que las adaptaciones solicitadas son inviables.
Normativa con la compatibilidad con el empleo
Esta reforma también impulsa un nuevo diálogo social. El Gobierno se ha comprometido a presentar, en un plazo de seis meses, una propuesta de modificación de la normativa de Seguridad Social sobre incapacidad permanente y su compatibilidad con el empleo, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Desde el Ministerio de Trabajo, se considera que esta modificación es un paso crucial para garantizar que las personas con discapacidad puedan mantener su empleo incluso después de ser reconocidas con una incapacidad permanente. Según el ministerio, la reforma «saldará una deuda histórica» con las personas afectadas, asegurando que el reconocimiento de una incapacidad no sea sinónimo de la «muerte laboral» del trabajador.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, a falta de conocer los datos del último año, en 2022 había 538.900 trabajadores con discapacidad en España, el mayor número registrado desde 2014. A pesar de los avances, la tasa de empleo de personas con discapacidad (27,8%) sigue siendo significativamente menor que la de personas sin discapacidad (68,1%). Con esta reforma, se espera cerrar esta brecha y promover una mayor inclusión laboral, reflejando un compromiso firme con la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.