La Seguridad Social ha anunciado un ajuste significativo en el presupuesto destinado al control de la incapacidad temporal para el período comprendido entre 2025 y 2028.
Esta medida, que ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, refleja un cambio en la política de gasto, fijando un nuevo límite de 315,02 millones de euros anuales, destinado a los convenios con las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
Este ajuste presupuestario busca optimizar la eficiencia en la gestión de la incapacidad temporal, reduciendo el gasto sin comprometer la calidad del servicio.
El presupuesto para la incapacidad temporal
El nuevo límite de gasto implica un aumento acumulado en el presupuesto de 316,67 millones de euros, que se destinarán a anticipar la tramitación de convenios y a garantizar la cobertura de las necesidades en el control de la incapacidad temporal. Para 2025, ya se ha comprometido un total de 1,65 millones de euros, lo que permitirá al Instituto Nacional de la Seguridad Social iniciar los preparativos para la implementación de estos convenios.
Este cambio en la política de gasto también conlleva la finalización de los convenios actualmente vigentes, que fueron prorrogados y modificados para los ejercicios de 2023 y 2024. Con el fin de garantizar la continuidad en la gestión de la incapacidad temporal, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por Elma Saiz, está trabajando en la negociación de nuevos acuerdos que entrarán en vigor a partir de 2025.
El presupuesto destinado a la incapacidad temporal para 2024 asciende a 335,73 millones de euros, lo que representa una disminución de 20,71 millones en comparación con el periodo anterior. Este ajuste refleja la intención del gobierno de controlar el gasto en esta área sin comprometer la eficacia de los servicios prestados.
Revisión del gasto público
La reducción del presupuesto se enmarca en un contexto de revisión generalizada de los gastos públicos, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social. La gestión de la incapacidad temporal es una de las áreas en las que se busca mayor eficiencia, optimizando los recursos disponibles y asegurando que los fondos se utilicen de manera efectiva para cubrir las necesidades de los beneficiarios.
Es importante destacar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social sigue siendo la entidad responsable de gestionar y controlar la prestación de incapacidad temporal en todos los regímenes de la Seguridad Social, con la excepción del régimen de Trabajadores del Mar, que es competencia del Instituto Social de la Marina. Las Comunidades Autónomas, por su parte, continúan siendo las encargadas de la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en sus respectivos territorios, emitiendo los partes médicos relacionados con la incapacidad temporal a través del personal médico de los Servicios Públicos de Salud.
La colaboración entre las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social es esencial para el control efectivo de la incapacidad temporal. El personal médico de los servicios públicos de salud juega un papel crucial en este proceso, ya que son los responsables de emitir los partes médicos que certifican la incapacidad temporal de los trabajadores. Además, la inspección médica de cada departamento de salud participa en el control de esta prestación, trabajando de manera conjunta con las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social.
Este nuevo enfoque presupuestario tiene como objetivo lograr un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la protección de los derechos de los trabajadores, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva en la gestión de la incapacidad temporal en España.