Si estás en una situación donde has sido reconocido con una incapacidad permanente, un cambo de leyes te hará tomar una decisión clave para tu futuro laboral. Los trabajadores que se vean reconocidos con una incapacidad permanente tendrán un mes para tomar una la decisión de seguir en la empresa o terminar la relación laboral.
El objetivo es eliminar la extinción automática del contrato cuando un trabajador es reconocido con una incapacidad permanente. Hasta ahora, esta incapacidad solía significar el fin de la vida laboral en la empresa. Sin embargo, con la nueva normativa, se otorga al trabajador la posibilidad de continuar, siempre que la empresa pueda hacer las adaptaciones necesarias para su nuevo estado de salud.
Un mes para decidir tu futuro laboral
Una de las claves es el plazo de un mes que se otorga al trabajador desde que se le reconoce oficialmente la incapacidad permanente. En ese tiempo, deberá notificar a su empleador si desea continuar en su puesto, solicitar la adaptación del mismo o, en su defecto, optar por la extinción del contrato.
Si el trabajador opta por continuar, la empresa tendrá hasta tres meses para realizar las adaptaciones necesarias en el puesto de trabajo o, si esto no es viable, ofrecer un cambio de puesto dentro de la empresa que sea acorde con las nuevas capacidades del empleado. En caso de que la adaptación sea considerada una carga excesiva para la empresa, ya sea por motivos económicos o técnicos, se puede proceder a la extinción del contrato.
Para determinar si las modificaciones necesarias en el puesto de trabajo representan una «carga excesiva«, el anteproyecto contempla varios factores. Entre ellos, se valorarán las ayudas y subvenciones públicas disponibles, los costes de la adaptación y el tamaño y volumen de negocio de la empresa. El objetivo es evitar que las empresas asuman gastos desproporcionados, pero al mismo tiempo, fomentar la inclusión y la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral.
Esta ley es fruto de un acuerdo entre el Gobierno y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que llevaba años demandando esta modificación para mejorar la situación de los trabajadores con discapacidad en España.
La compatibilidad con la Seguridad Social
Otro punto destacado del anteproyecto es el compromiso del Gobierno para revisar y modificar las normativas de la Seguridad Social relacionadas con la incapacidad permanente. El objetivo es ampliar la compatibilidad entre la percepción de una pensión por incapacidad y la posibilidad de seguir trabajando. El Gobierno tiene un plazo de seis meses para plantear una propuesta en el marco del diálogo social.
Además, el anteproyecto introduce cambios en la terminología relacionada con la Seguridad Social. Las referencias a la «gran invalidez» pasarán a llamarse «complemento de asistencia de tercera persona», y el término «invalidez no contributiva» se reemplazará por «incapacidad no contributiva». Estos cambios reflejan un esfuerzo por modernizar el lenguaje y hacerlo más inclusivo.
Si bien la ley aún está en fase de revisión y deberá pasar por el Consejo de Ministros para su aprobación final antes de ser remitida a las Cortes Generales, su eventual entrada en vigor marcará un antes y un después para los trabajadores con incapacidad permanente en España. A partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las empresas deberán adaptarse a este nuevo marco normativo que promueve la inclusión y la adaptación del puesto de trabajo, siempre que sea posible.
Esta nueva regulación permitirá a los trabajadores tomar decisiones fundamentadas sobre su futuro laboral, dándoles el tiempo necesario para evaluar si desean continuar o cerrar un capítulo, sabiendo que la ley respalda su derecho a seguir trabajando, siempre que las condiciones lo permitan.
