El Consejo Económico y Social (CES) ha expresado su preocupación respecto al anteproyecto de ley que modifica el despido automático de un trabajador por incapacidad permanente.
Según el CES, esta propuesta no se alinea adecuadamente con la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
El dictamen del CES, solicitado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y liderado por Antón Costas, resalta que el anteproyecto introduce regulaciones que no encajan con las disposiciones de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. Esto podría generar «situaciones de incertidumbre e inseguridad» tanto para los trabajadores como para las empresas.
El despido por incapacidad permanente
En el centro del conflicto se encuentra la diferencia en la lógica de las normativas. Mientras que la Ley General de derechos de las personas con discapacidad impone a las empresas la obligación automática de adaptar el puesto de trabajo, el anteproyecto condiciona esta adaptación a la solicitud del trabajador y establece plazos específicos.
El CES señala que, aunque ambas normativas reconocen el derecho del trabajador a la adaptación del puesto, la implementación difiere significativamente. En la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, la adaptación es una obligación automática para la empresa. Sin embargo, el anteproyecto requiere que el trabajador solicite dicha adaptación, lo que introduce un elemento de incertidumbre y condiciona el ejercicio de este derecho a un proceso administrativo.
La eliminación de la extinción automática del contrato por «gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador» en el anteproyecto, dejando solo la extinción por «muerte de la persona trabajadora», agrava la situación. Esto significa que, en caso de gran invalidez o incapacidad permanente, el trabajador debe manifestar su voluntad de continuar en la empresa y solicitar la adaptación del puesto de trabajo.
Los problemas de la adaptación del puesto de trabajo
El CES advierte que el procedimiento establecido en el anteproyecto para adaptar el puesto de trabajo puede ser problemático. El anteproyecto permite que, si la adaptación razonable del puesto original no es posible por constituir una carga excesiva para la empresa, se ofrezca un cambio a otro puesto vacante y disponible que sea compatible con la nueva situación del trabajador. Sin embargo, determinar si la adaptación representa una carga excesiva introduce un nivel de subjetividad y complejidad que puede ser difícil de gestionar tanto para las empresas como para los empleados.
Además, esta regulación podría dar lugar a diferentes interpretaciones y disputas legales, aumentando la inseguridad jurídica y el riesgo de litigios. Las empresas, por su parte, pueden enfrentar dificultades para cumplir con las nuevas exigencias sin claridad normativa, lo que podría resultar en una mayor carga administrativa y costos adicionales.
La crítica del CES subraya la necesidad de una armonización más coherente entre las diferentes normativas que regulan los derechos de los trabajadores con incapacidad permanente. La falta de integración y consistencia en las leyes podría no solo afectar negativamente a los trabajadores, sino también crear un entorno de incertidumbre para las empresas.
El CES sugiere que se realice un esfuerzo más significativo para ajustar y alinear las normativas vigentes, asegurando que las obligaciones de las empresas y los derechos de los trabajadores sean claros y aplicables de manera justa y eficiente. La revisión del anteproyecto debería centrarse en eliminar la ambigüedad y garantizar que las adaptaciones laborales se realicen de forma equitativa y práctica.
Por tanto, el CES llama a una reconsideración del anteproyecto para asegurar su compatibilidad con la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, promoviendo un entorno laboral más justo y seguro para todos los trabajadores, especialmente aquellos con discapacidad.