El SEPE ha puesto en una situación comprometida a miles de trabajadores con contratos fijos discontinuos, concretamente desde el pasado 1 de noviembre, el rechazo a un llamamiento de su empresa sin causa justificada hace que se proceda a la suspensión de la propia prestación por desempleo. Un cambio que, al intentar colmar vacíos legales, afecta a los trabajadores y las empresas, abriendo un gran debate en el ámbito laboral. Cabría decir que el trabajador sancionado no pierde en su absoluto derecho, pero la suspensión de la prestación persiste hasta que se cumplen los motivos para su reintegro; quiero decir, se reanudaría hasta el momento en que se produjera un nuevo llamamiento, o se procediera al cese de la propia relación (despido o cese).
Un giro que quiere dar carpetazo a los quebraderos de cabeza que tenían muchas empresas en relación con este hecho, ya que el crecimiento del signo de la normativa de tal tipo de contrato ha tenido su origen en la reforma laboral del año anterior. El SEPE tiene medios más objetivos para llevar a cabo la comprobación de datos con Seguridad social y la verificación de los llamamientos implementados por empresas; sin embargo, la noticia ha pillado a más de un fijo discontinuo intentando explicar cómo su subsidio se ha seguido durante la noche. Para el Gobierno, esta imposición de la norma no solo supone una menor carga de costes en contextos tan difíciles, sino que también tiene como deseo garantizar un uso más eficaz de las prestaciones.
El impacto del SEPE en los fijos discontinuos
Las cifras no dejan lugar para interpretaciones. Durante los primeros nueve meses de 2024, el SEPE registró casi 250.000 altas iniciales de prestación tipo fijos discontinuos; un salto enorme teniendo como referencia años anteriores, con rimbombantes cifras procedentes de los presupuestos nacionales. Las reanudaciones, dicho de otra manera, volver a cobrar de los trabajadores tras pasar por el capítulo de inactividad, han aumentado un 9% respecto al año anterior, incremento que responde, también, a la asignación de los contratos con fijos discontinuos desde el sector agrario y las Empresas de trabajo temporal (ETT); éstas últimas son también de las que más han salido perjudicados con la nueva regulación, pues los trabajadores tienen como media de seis llamamientos al año. El SEPE persigue, con ello, la posibilidad de un equilibrio entre los derechos y la sostenibilidad del sistema.
¿Qué busca el SEPE cuando decide adoptar este giro?
La Ley no deposita el foco en los trabajadores, lo coloca también en las empresas. Muchas empresas se encontraban en la anterior situación de tremenda inseguridad jurídica, pues intentaban reincorporar a sus trabajadores a los que no llamaban a sus convocatorias; ahora tienen un respaldo para poder proceder a sancionar este tipo de situaciones, pero la cosa no resulta tan fácil. El Gobierno ha puesto en manos de los convenios colectivos la regulación concreta de esta cuestión, pero la situación que se genera a su alrededor sigue siendo de difíciles salidas.
Mientras el SEPE se muestra en discurso más agresivo hacia la reinserción de los trabajadores y la reducción de los subsidios, la finalidad última es la de un mercado de trabajo menos dependiente de las ayudas provenientes de las administraciones. Se han generado debates y trabajadores y empresas tienen razones para sentirse incómodos. Lo que sí tiene claro es que este giro que se introduce en la gestión de los fijos discontinuos representa un punto de no retorno en España.
