El Ingreso Mínimo Vital, esa ayuda que se creó para ayudar a las personas más vulnerables, podría cambiar de rumbo de forma radical. La última novedad que ha sacudido el panorama social viene de una sentencia judicial que podría ser el alivio que muchas personas esperaban.
Miles de beneficiarios que fueron penalizados por «cobros indebidos» debido a un error de la Administración podrían dejar de preocuparse por las deudas que les han estado exigiendo.
Esta sentencia, basada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, podría marcar un antes y un después. La abogada que llevó el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dejado claro que, si se demuestra que hubo vulnerabilidad y error administrativo, no se puede exigir el pago de la deuda.
El error no lo debe pagar el beneficiario
Y es que, tal como dice el Defensor del Pueblo, la Administración no debería cobrar algo que, de entrada, se otorgó mal. Un argumento que, a simple vista, parece lógico. Por tanto, lo lógico es que quien cometió el error, pague, y no las personas que están ya en situación precaria.
Por otro lado, la organización ATD Cuarto Mundo ha decidido dar un paso más allá y ha denunciado al Estado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Según ellos, el Ingreso Mínimo Vital vulnera al menos dos artículos de la Carta Social Europea, un tratado internacional que España firmó con todas las de la ley. La petición es clara, y pide que, mientras se investiga este asunto, se detenga la reclamación de las deudas. No solo son deudas injustas, sino que, además, las heredan los hijos, como si fuera una especie de maldición que pasa de generación en generación.
El objetivo del Ingreso Mínimo Vital
El Ingreso Mínimo Vital nació en plena pandemia como un salvavidas para las personas en pobreza severa, que en nuestro país suman 8,5 millones. Sin embargo, no ha llegado a todas las familias que lo necesitaban ya que la gestión ha sido, según organizaciones y trabajadores sociales, un auténtico desastre. Se concedió de oficio en algunos casos, y en otros se exigieron requisitos imposibles de cumplir. Por ejemplo, piden la renta de años pasados, que no tiene nada que ver con la realidad actual de quienes están viviendo al día.
Otro problema es que se exige tener una residencia estable y que no haya cambios en la unidad familiar. Pero, ¿cómo se le pide eso a alguien que vive en la cuerda floja, con un techo que no siempre es seguro? La inestabilidad es la norma en la vida de muchas de estas personas, y el sistema no parece entenderlo.
El resultado de esta gestión ha sido que muchas personas recibieron la ayuda sin cumplir los requisitos (según la Administración). Eso ha generado deudas que, desde la Seguridad Social, han calificado de “cobros indebidos”. Lo peor es que, para cobrarlas, se deduce hasta el 70% de las ayudas que estas personas reciben, dejándolas prácticamente sin nada.
Con esta nueva sentencia y la presión internacional, la esperanza es que este giro de 180 grados sea el principio de un sistema más justo. Que dejen de cobrar lo que no se debió cobrar y, sobre todo, que se entienda que, para quienes viven en la pobreza extrema, cada céntimo cuenta.
