A partir de febrero de 2025, las empresas en España estarán obligadas a revelar la identidad de sus titulares reales, según un reciente anuncio del Ministerio de Hacienda. Esta medida, que busca incrementar la transparencia y combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, se enmarca en la Ley del 24 de mayo de 2023 que transpone la Directiva Europea DAC 7.
Las compañías deberán informar a la Agencia Tributaria sobre la relación de sus titulares reales en diversas situaciones, como al darse de alta, baja o al modificar cualquier dato en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
Los datos que deberán ser proporcionados incluyen el DNI o número de identificación extranjero en caso de no ser españoles, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de expedición del número de identificación y país de residencia del titular.
Los nuevos requisitos de Hacienda
Para facilitar este nuevo requisito, Hacienda ha propuesto la modificación del Modelo 036 de Declaración Censal de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. Esta modificación, actualmente en fase de audiencia e información pública, permitirá a los interesados presentar observaciones hasta el 5 de agosto de este año. La nueva versión del Modelo 036 incluirá una página adicional destinada a recopilar información sobre los titulares reales de las empresas.
La nueva normativa afectará a una amplia gama de entidades. Desde empresarios que desarrollen actividades en España, hasta aquellos que abonen rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta. También incluirá a no residentes que operen en el país mediante un establecimiento permanente y a socios, herederos o partícipes de entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades empresariales.
Obligaciones y sanciones por parte de Hacienda
La implementación de esta medida supone una vigilancia más estricta sobre la titularidad real de las empresas, una herramienta clave en la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. El incumplimiento de esta obligación conllevará sanciones que aún están por definirse, pero que serán proporcionales a la gravedad de la infracción y el posible perjuicio fiscal.
En paralelo, la Agencia Tributaria también actualizará los Modelos 036 y 030 (Censo de Obligados Tributarios) para mejorar el sistema de avisos a los contribuyentes. A partir del próximo año, no solo los órganos económico-administrativos podrán utilizar el número de teléfono y correo electrónico proporcionados para enviar notificaciones, sino también la Dirección General de Tributos.
Además, se implementará la app de la Agencia Tributaria como un nuevo medio de recepción de avisos informativos, mejorando así la comunicación y facilitando que los contribuyentes reciban notificaciones de manera rápida y eficiente.
Este anuncio ha generado diversas reacciones entre los sectores empresariales y profesionales. Algunos expertos en fiscalidad y cumplimiento normativo consideran que la medida es un paso necesario para alinearse con los estándares europeos y globales en materia de transparencia y lucha contra el fraude. Sin embargo, también hay voces que alertan sobre el aumento de la carga administrativa para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que deberán adaptar sus sistemas y procesos internos para cumplir con esta nueva obligación.
La entrada en vigor de estas nuevas obligaciones a partir de febrero de 2025, representa un desafío significativo para las empresas en España, que deberán preparar sus estructuras y procesos para cumplir con las exigencias de la Agencia Tributaria. Este esfuerzo, aunque considerable, contribuirá a un entorno fiscal más transparente y justo, reforzando la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales en el país.