Hacienda ha anunciado que, a partir de febrero de 2025, implementará una serie de modificaciones que afectarán a un amplio sector empresarial. Esta reforma, que tiene como objetivo reforzar la transparencia, se centrará principalmente en la identificación de los beneficiarios reales de las empresas.
El anuncio responde a la Ley del 24 de mayo de 2023, que adaptó la normativa española a la Directiva Europea sobre cooperación administrativa en el ámbito fiscal. A partir del 3 de febrero de 2025, las empresas deberán proporcionar información detallada sobre sus titulares reales, tanto al darse de alta, como al modificar o darse de baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.
Esto implica un nuevo requisito de transparencia que obligará a las empresas a informar de manera exhaustiva sobre quiénes son las personas físicas que, en última instancia, controlan o poseen las compañías.
Información requerida por Hacienda
Con esta nueva normativa, las empresas deberán aportar una serie de datos clave sobre los titulares reales. Entre la información que se exigirá está:
- El número de identificación fiscal (NIF) o el número de identificación extranjero, en caso de que el titular no sea español.
- El nombre completo del titular.
- La fecha de nacimiento.
- La nacionalidad del titular.
- El país donde se expidió el número de identificación.
- El país de residencia actual.
Este conjunto de datos se deberá presentar mediante el Modelo 036, que será actualizado para adaptarse a las nuevas obligaciones.
Quiénes están afectados
La medida se aplicará a un amplio espectro de empresarios y entidades que operan en España. Esto incluye tanto a residentes como no residentes que tengan un establecimiento permanente en el país, así como a aquellos que abonen rentas sujetas a retención o ingresos a cuenta. También afecta a socios, herederos o partícipes de entidades que se rigen bajo el régimen de atribución de rentas y que desarrollen actividades empresariales.
De este modo, no solo las grandes corporaciones estarán obligadas a cumplir con esta nueva normativa, sino también pequeñas y medianas empresas, lo que ha generado preocupación en ciertos sectores. En especial, aquellos que operan con estructuras empresariales complejas, donde la identificación del titular real puede no ser sencilla.
El objetivo principal de esta normativa es reforzar los mecanismos de transparencia y trazabilidad en las empresas, algo que, según Hacienda, es fundamental para luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. La identificación de los beneficiarios reales es crucial, ya que permite a las autoridades conocer quiénes son los verdaderos controladores de las empresas y, con ello, evitar que se utilicen estructuras opacas para ocultar la procedencia de fondos o eludir impuestos.
El incumplimiento de estas nuevas obligaciones podría acarrear sanciones económicas y administrativas, ya que Hacienda planea reforzar los mecanismos de control y supervisión para garantizar que todas las empresas proporcionen la información exigida. Aunque todavía no se han especificado las sanciones exactas, es previsible que Hacienda adopte una postura rigurosa para asegurar la correcta aplicación de la normativa.
Los cambios que entrarán en vigor en febrero de 2025 marcarán un antes y un después en la relación de las empresas con Hacienda. La obligación de informar sobre los titulares reales es un paso más en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, pero también plantea retos para las empresas, que deberán adaptarse a un entorno regulatorio cada vez más exigente. La colaboración entre las empresas y la Agencia Tributaria será clave para garantizar el éxito de esta medida y su correcta implementación a nivel nacional.