Hacienda acaba de aprobar un anteproyecto que permite embargar criptomonedas a aquellos contribuyentes que mantengan deudas con el fisco, endureciendo aún más el control sobre estos activos digitales que hasta ahora han gozado de relativa libertad.
La nueva norma surge como respuesta a la rápida evolución y adopción masiva de las criptomonedas, algo que ha complicado la supervisión de las autoridades fiscales en todo el mundo.
La nueva normativa permitirá a Hacienda no solo embargar criptomonedas, sino también otros bienes y derechos situados en entidades de pago y dinero electrónico, lo que supone un paso importante para garantizar mayor transparencia y luchar contra el fraude en el ámbito fiscal.
Hacienda y el embargo del dinero virtual
El nuevo anteproyecto tiene como objetivo mejorar el intercambio de información fiscal entre países, afectando tanto a residentes como no residentes que utilicen criptomonedas. El objetivo es crear un marco más robusto y transparente para que las transacciones con criptoactivos no se conviertan en un refugio para evadir impuestos o para el blanqueo de capitales. Hacienda, en un comunicado, señaló que este marco de cooperación internacional reforzará los mecanismos ya existentes, permitiendo un intercambio de información más amplio y eficaz. «La transparencia fiscal es un elemento crucial en la lucha contra el fraude», afirmó el Ministerio.
Este nuevo enfoque también incluye medidas para mejorar la asistencia al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, garantizando al mismo tiempo un mayor control sobre las operaciones con criptomonedas. Los proveedores de servicios que operan con criptoactivos estarán obligados a reportar las transacciones de sus clientes, ya sea a nivel nacional o internacional, lo que permitirá a Hacienda tener un control más exhaustivo sobre las ganancias obtenidas con criptomonedas.
La sombra de la DAC8 y la regulación europea
Este anteproyecto de ley también sienta las bases para la transposición de la directiva europea DAC8 (2011/16/UE), una normativa que establece las reglas para la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y que incluye específicamente a las criptomonedas. Esta directiva, derivada del Crypto-asset Reporting Framework de la OCDE, busca imponer un marco de transparencia en toda la Unión Europea, obligando a los proveedores de servicios a compartir información detallada sobre las transacciones con criptoactivos.
El cumplimiento de estas obligaciones permitirá que Hacienda y las autoridades fiscales de otros países de la UE puedan intercambiar automáticamente información sobre las operaciones con criptoactivos, evitando así lagunas fiscales y prácticas de evasión que pudieran derivarse del uso de estas nuevas tecnologías.
La implementación de este nuevo marco legal requerirá la modificación de la Ley General Tributaria en España, así como otras normativas fiscales relacionadas con la asistencia mutua y la recaudación. Este proyecto ya ha sido sometido a consulta pública y se espera que llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria en los próximos meses.
Con esta legislación, el Gobierno pone de manifiesto su compromiso de regular un sector que, aunque revolucionario, ha estado plagado de incertidumbre jurídica y fiscal. La Agencia Tributaria ha dejado claro que el uso de criptomonedas no será una vía de escape para evitar las obligaciones fiscales.
