El reparto de la herencia de una familia con un hijo con alguna discapacidad, debe estar especialmente organizado para dejarlo protegido de cara al futuro. Si en cualquier situación familiar este tema es importante dejarlo resuelto (dentro de lo posible), en caso de dejar a una persona potencialmente vulnerable, es aún más necesario. Sin embargo, no todas las decisiones giran en torno a los bienes que pueda recibir.
Lo primero para plantear un tema así, es tener claro de qué hablamos cuando nombramos una herencia. Se trata del conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen con su muerte. Esto significa, que además de posibles ‘beneficios’, también conlleva una serie de responsabilidades a las que hacer frente llegado el momento. Este es el motivo por el que en algunas ocasiones, es necesario nombrar un tutor legal para la persona con discapacidad.
La función del tutor legal es representar legalmente a la persona incapacitada de forma estable y cuando sea necesario. Cabe señalar, que una persona se considera incapacitada jurídicamente cuando así lo dicta un juez mediante sentencia. Con esta resolución, el juez niega la capacidad de obrar, ejercer derechos, cumplir obligaciones y realizar con eficacia y dotar de validez los actos jurídicos de una persona.
No obstante, hay un matiz importante a tener en cuenta. Una persona con discapacidad jurídicamente declarada, no tiene por qué estar incapacitada. Para considerar a una persona incapaz, esta debe sufrir enfermedades tanto de carácter físico como mental, que le impidan gestionar ciertas situaciones por sí misma. Si la persona con discapacidad tiene las facultades que un juez considera importantes para ser autosuficiente en aspectos legales sin que su protección corra peligro, no tiene por qué estar incapacitado.
La figura del tutor legal
Lo primero a tener en cuenta es que aunque el nombramiento del tutor lo hace un juez, hay vías mediante las cuales se puede indicar quien queremos que ocupe ese papel. Una de ellas, es el testamento. Por ello, una padre con un hijo con discapacidad, podría dejar en este documento quien quiere que sea el tutor legal de su hijo cuando él fallezca. Otra posibilidad, es que una persona prevea que pueda ser incapaz en el futuro. En este caso, también puede acudir a un notario y designar formalmente esta figura.
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Un error en el que se incurre muchas veces es pensar, que el tutor legal tiene que ser familia. No tiene por qué. Sin embargo, se recomienda que sea una persona de confianza y que guarde una relación cercana con la persona incapacitada. Esto tiene sentido, si pensamos en su función: Será la persona encargada de velar por el bien de la persona con discapacidad e incapacitada. De no existir un documento oficial en el que se designe a un tutor legal, la ley establece un orden. Eso sí, el juez puede variar este orden si considera que esa medida beneficia al incapaz.
- En primer lugar, estará la persona designada por el incapaz si pudo prever esta situación y nombrarlo antes de estar incapacitada.
- En segundo lugar, será el cónyuge (Si lo hubiera).
- En tercer lugar, los progenitores y tras ellos, la persona que estos hayan designado mediante testamento.
- Finalmente, podrán ser nombrados tutor legal los descendientes o hermanos.
¿Cuál es la función del tutor legal de una persona con discapacidad en una herencia?
La principal función encomendada al tutor legal de una persona con discapacidad en una herencia, es cuidar y velar por los intereses de este. Por tanto, ocupar esta figura conlleva una serie de obligaciones. Una de las principales es, administrar los bienes heredados y responder ante posibles daños. Es decir, aunque no le pertenece, es quien debe cuidar gestionarlo todo en beneficio de su tutorado.
No obstante, la ley establece una serie de ‘controles’ para asegurarse de que este fin se cumpla de manera rigurosa. Pues por firme que sea la adjudicación de este papel a una persona, alguien debe velar de que se cumple lo establecido. Por ello, el tutor legal tiene la obligación de entregar un inventario de su patrimonio y, al finalizar el periodo de tutela, tendrá que presentar el informe de rendición final de cuentas.
Además, el tutor legal debe presentar un informe anual en el juzgado que refleje su situación económica. De este modo, se coarta la posibilidad de abusar de esta posición ante los bienes de la persona con discapacidad. No obstante, el tutor legal también tiene que aceptar ciertas restricciones. Entre ellas, debe saber que no puede vender, donar o ceder la propiedad de inmuebles ni renunciar a herencias donaciones o legados en su nombre.