España no pasa por un buen momento en lo que a los alquileres se refiere. El precio de la vivienda está disparado sobre todo para aquellos que buscan arrendar una habitación o un apartamento, pero la nueva Ley de Vivienda, a la que se acercan los partidos políticos PSOE, ERC y EH-Bildu, podría cambiarlo todo en caso de fructificar una negociación que comenzó varios meses atrás. Entre los puntos a cerrar destaca uno, una polémica norma, que se saldaría con un pacto para fijar el tope del precio del alquiler al 3%, pudiendo ser revisable en el año 2025.
Además, dentro de la Ley de Vivienda que podría estar cerca de ser aprobada, también se fija en cinco el número mínimo de viviendas que puede tener una persona física o jurídica en su propiedad, para ser considerado gran tenedor.
Sin embargo, el principal cambio que llegará con la Ley de Vivienda y que afecta directamente a los alquileres son los gastos adjuntos en este tipo de procesos, que en muchos casos echan para atrás al arrendatario y, por ende, también la negociación entre las partes. Hablamos de una fianza que podría ascender a más de un mes, según el tipo de contrato estipulado, así como sucede también en algunos pactos, con agencias inmobiliarias, la comisión de agencia o gasto que, hasta la fecha, el inquilino debía pagar al portal o empresa que gestionaba la operación de arrendamiento.
Tal y como han comunicado los grupos parlamentarios citados con anterioridad, se señala que de cara a la nueva Ley de Vivienda se dará un respiro a los alquilados y se hará que los gastos y honorarios que se produzcan en los alquileres de un inmueble corran a cargo siempre del propietario de la vivienda en cuestión.
Los alquileres en la nueva Ley de Vivienda
Con esto, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, serían los arrendatarios o caseros aquellos que tendrían que hacer frente a la tarifa de la agencia inmobiliaria, a la que se le paga por sus gestiones cuando se alquila –como es el caso del que hablamos– o vende una casa. Así, según se indica en el comunicado emitido, «se termina con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone. El servicio inmobiliario se presta al propietario, y por tanto será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere».
El 25 de mayo de 2023 salió a la luz, en una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, en la cual se especifica que, a partir del día 26 de mayo, sserá ilegal que los portales y agencias inmobiliarias cobren gastos de gestión de ningún tipo al inquilino, y además deberán repercutir estas cargas en el propietario de la vivienda. Como anexo, también se resalta que las comunidades autónomas tendrán, por sí mismas, capacidad para regular los alquileres en sus competencias por localización.