En España, cerca de un millón de personas dependen de la pensión de incapacidad permanente otorgada por la Seguridad Social debido a accidentes o enfermedades que limitan su capacidad para trabajar. Sin embargo, una reciente notificación del tribunal médico ha sembrado preocupación entre los beneficiarios, ya que podrían enfrentar la pérdida de esta importante prestación.
La incapacidad permanente se clasifica en parcial, total, absoluta y gran invalidez según su gravedad, regulada por la Ley General de la Seguridad Social. Estas incapacidades son otorgadas por la Seguridad Social y pueden ser revisadas por un tribunal médico.
La incapacidad permanente parcial implica una disminución del rendimiento laboral de al menos el 33%, con una indemnización equivalente a 24 mensualidades. La total impide el desempeño de la profesión habitual pero permite trabajar en otros ámbitos, con una pensión del 55% o 75% de la base reguladora según la edad. En la incapacidad permanente absoluta, el trabajador no puede trabajar en ninguna profesión, recibiendo una pensión del 100% de la base reguladora. La gran invalidez, además de impedir trabajar, requiere ayuda para actividades diarias y conlleva una pensión con un complemento adicional.
Retirada de la Incapacidad permanente
La incertidumbre surge a raíz de las ocho situaciones identificadas por la administración que pueden resultar en la suspensión o retirada de la pensión, incluso para aquellos que tienen menos de 60 años y están afectados por enfermedades crónicas.
Si bien estas pensiones están diseñadas para compensar la pérdida de ingresos debido a limitaciones laborales, también tienen restricciones, como el hecho de que al cumplir los 65 años, el beneficiario pasa automáticamente a cobrar la pensión de jubilación.
Según la Ley 8/2015 de la Seguridad Social, los beneficiarios de la pensión de incapacidad permanente pueden perderla temporal o definitivamente. Las decisiones se toman después de evaluaciones realizadas por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), encargado de realizar exámenes médicos exhaustivos.
Entre las situaciones que pueden llevar a la suspensión temporal de la pensión se encuentran los casos en los que las revisiones médicas muestran un aumento de la discapacidad debido a la falta de seguimiento del tratamiento o cuidados necesarios, o si se descubre un intento de estafa a la Seguridad Social para obtener la pensión de forma fraudulenta. Además, el rechazo del tratamiento médico o el abandono de la rehabilitación también pueden resultar en la suspensión temporal de la pensión.
Motivos graves para perder la pensión
Por otro lado, hay motivos considerados muy graves que pueden llevar a la retirada definitiva de la incapacidad permanente. Estos incluyen la curación del afectado, demostrando un grado de minusvalía inferior al 33%, o el derecho a solicitar la pensión contributiva de jubilación. La determinación por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de la pérdida del derecho a cobrar la ayuda, así como el fallecimiento del beneficiario, también pueden resultar en la retirada definitiva de la pensión.
Esta notificación ha generado preocupación entre los beneficiarios, muchos de los cuales dependen de esta pensión para cubrir sus necesidades básicas y gastos médicos. Se espera que surjan debates sobre la justicia y la equidad de estas medidas, así como sobre la necesidad de un sistema más compasivo y comprensivo para aquellos que enfrentan dificultades debido a enfermedades o lesiones incapacitantes.