El Gobierno ha logrado un acuerdo con empresarios y sindicatos para reformar el sistema de pensiones, con el objetivo de incentivar a los trabajadores para que se mantengan en activo y seguir cotizando, lo cual es importante para la sostenibilidad económica del sistema de pensiones en España.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha alcanzado un pacto que supera los logros de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la reducción de la jornada laboral, consolidando una reforma integral iniciada por el exministro José Luis Escrivá en la legislatura anterior.
Las reformas en las pensiones
La reforma extiende la posibilidad de adelantar la jubilación parcial de dos a tres años antes de la edad ordinaria, con restricciones en la reducción de la jornada laboral. Durante el primer año, esta reducción oscilará entre el 20% y el 33% para aquellos que anticipen más de dos años su jubilación. Además, se permite concentrar la jornada reducida mediante acuerdo con la empresa y se mejoran las condiciones del trabajador relevista, quien deberá contar con un contrato fijo y completo. Este cambio se acompaña de la ampliación hasta 2029 de la regulación vigente para la jubilación parcial anticipada de los trabajadores de la industria manufacturera, ofreciendo condiciones más favorables que en otros sectores.
Otra novedad es la modalidad de retiro activo, que permite a asalariados y autónomos seguir trabajando una vez jubilados y cobrar simultáneamente un porcentaje de su pensión. Se elimina el requisito de tener una carrera completa de cotización, facilitando así el acceso a mujeres con carreras de cotización más cortas. Ahora, los jubilados podrán recibir el 45% de su pensión el primer año, incrementándose progresivamente hasta alcanzar el 100% en el quinto año. Para los autónomos con trabajadores a su cargo, el porcentaje inicial será del 75%, aumentando 5 puntos anualmente hasta alcanzar el 100%.
Prolongar la vida laboral
La reforma introduce la posibilidad de combinar los incentivos a la jubilación demorada con la jubilación activa. Por cada seis meses adicionales de trabajo a partir del segundo año de retraso en la jubilación, los trabajadores podrán recibir un incentivo adicional del 2%, manteniéndose en el 4% si trabajan un año completo. También se mantiene la opción del cobro mixto, que combina un incremento en la pensión con el pago de una cantidad a tanto alzado.
Los cambios incluyen mejoras y certidumbre en la jubilación para profesiones penosas, tóxicas o de riesgo. La nueva normativa eliminará la necesidad de negociar con la Seguridad Social los coeficientes reductores para adelantar la jubilación sin penalización, introduciendo un procedimiento estándar basado en indicadores objetivos y informes epidemiológicos.
Los trabajadores fijos discontinuos se beneficiarán de un coeficiente multiplicador del 1,5 y podrán acogerse a la regla general de parcialidad, donde cada día de alta en la Seguridad Social contará como un día completo cotizado.
El acuerdo establece una colaboración con las comunidades autónomas para que las mutuas participen en la gestión de bajas laborales, particularmente en procesos traumatológicos, bajo la supervisión de médicos de la sanidad pública y con el consentimiento del paciente.
Se introduce un sistema de incentivos para la prevención de riesgos laborales y la reducción de accidentes en las empresas. Este sistema, basado en códigos de siniestralidad, ofrecerá bonificaciones de hasta el 8% en las cotizaciones por contingencias profesionales.
Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer el sistema de pensiones y asegurar su sostenibilidad a largo plazo, adaptándose a las necesidades de los trabajadores y fomentando su permanencia en el mercado laboral.
