El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma muy importante que transforma completamente el tratamiento de la incapacidad permanente en el ámbito laboral.
Esta iniciativa busca eliminar los despidos automáticos asociados al reconocimiento de una pensión por incapacidad permanente, marcando un hito en la protección de los derechos laborales en España.
Según el Ministro de Trabajo y Economía Social, esta reforma «eliminará la referencia a la extinción automática por invalidez, incapacidad permanente absoluta e incapacidad permanente temporal, separando con ello estas causas de la muerte de la persona trabajadora: la Incapacidad Permanente no ha de suponer la muerte civil y laboral de la persona trabajadora». Analicemos cómo esta medida impactará tanto a los trabajadores como a las empresas.
Cómo afecta a la incapacidad permanente
La principal innovación es que, a partir de ahora, los trabajadores podrán decidir qué hacer una vez que se les reconozca la incapacidad permanente. Este cambio supone un avance significativo en la autonomía y protección del trabajador. Las opciones disponibles son las siguientes:
- Adaptación del puesto de trabajo: El trabajador puede solicitar modificaciones en los horarios y funciones para adecuar su puesto a sus nuevas capacidades.
- Reasignación a un puesto distinto: Siempre que exista disponibilidad y sea adaptable a las nuevas necesidades del empleado, este puede optar por un puesto diferente dentro de la misma empresa.
- Finalización del contrato: El trabajador puede optar por dar por terminado su contrato vigente.
Los trabajadores tienen un plazo de un mes para decidir cuál de estas opciones prefieren. Durante este periodo, continuarán recibiendo la prestación por incapacidad temporal y estarán en una situación de especial protección, un aspecto crucial ya que el proceso de regularización puede extenderse hasta cuatro meses.
Protección para las empresas
Esta reforma no solo protege a los trabajadores, sino que también considera las circunstancias de las empresas. Según el Gobierno, la nueva normativa establece criterios claros para determinar cuándo los ajustes necesarios para adaptar el puesto de trabajo suponen un coste excesivo para la empresa. Estos criterios incluyen la posibilidad de sufragar los gastos de adaptación mediante ayudas o subvenciones públicas, evaluando de manera específica si estos gastos son excesivos en relación con el salario medio, el tamaño y el volumen de negocio de la empresa.
Para solicitar la incapacidad permanente bajo esta nueva normativa, es fundamental reunir la documentación necesaria. Los requisitos incluyen el DNI, el historial clínico y laboral del trabajador (según su régimen, ya sea autónomo o de otro tipo), y un formulario de incapacidad permanente debidamente cumplimentado. Una vez presentada la solicitud, se inicia la fase de instrucción, seguida de la valoración del Tribunal Médico, que será quien determine la aptitud del solicitante para recibir la incapacidad permanente.
La aprobación de esta reforma marca un antes y un después en la legislación laboral española, otorgando mayor seguridad y opciones a los trabajadores que enfrentan una incapacidad permanente. Al mismo tiempo, la normativa equilibra las necesidades de las empresas, asegurando que las adaptaciones necesarias no se conviertan en una carga desproporcionada. Este cambio legislativo no solo promueve una mayor inclusión laboral, sino que también refuerza los derechos y la dignidad de los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, estableciendo un modelo más justo y equitativo en el ámbito laboral.