En un esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y garantizar un equilibrio entre la vida personal y profesional, el Gobierno ha presentado una propuesta para reducir la jornada laboral máxima semanal de 40 a 37,5 horas.
Además, se introducirá un refuerzo del sistema de registro horario y se establecerá de manera firme el derecho a la desconexión digital, con sanciones para las empresas que infrinjan esta normativa.
La medida fue presentada ante las principales organizaciones sindicales y patronales en una reunión que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigida por Yolanda Díaz. Joaquín Pérez-Rey, secretario de Estado de Empleo, aseguró que el Gobierno se mantiene firme en su compromiso de proteger a los trabajadores de cualquier tipo de abuso, especialmente aquellos relacionados con el contacto fuera de las horas laborales y más durante las vacaciones. «Los trabajadores no tienen por qué atender un mensaje de su jefe o una llamada fuera de su horario. Si sufren represalias por ejercer su derecho a la desconexión, las empresas enfrentarán sanciones», afirmó Pérez-Rey.
Desconexión fuera de la jornada laboral
La propuesta, que ha sido recibida con un «tono positivo» por las patronales, será evaluada durante el verano, según ha informado el portavoz del ministerio. Aunque se ha destacado una actitud constructiva por parte de todas las partes involucradas, las negociaciones continuarán hasta septiembre con la esperanza de alcanzar un acuerdo definitivo. «He notado un compromiso real por parte de la CEOE para estudiar la propuesta de manera seria. Esperamos tener una respuesta más firme a la vuelta de las vacaciones», añadió Pérez-Rey.
El Gobierno ha propuesto cierta flexibilidad en la implementación de la reducción de la jornada laboral, permitiendo plazos más largos para su aplicación. Esta flexibilidad podría ser clave para obtener el apoyo de las patronales. Originalmente, se había previsto una reducción a 38,5 horas este año y a 37,5 horas a partir de enero de 2025. Sin embargo, los sindicatos han manifestado su disposición a negociar en torno a estos plazos, siempre y cuando se garantice que la medida se aplicará en su totalidad para el 2025.
Los sindicatos, representados por UGT y CCOO, han dejado claro que, aunque pueden aceptar cierta flexibilidad en la transitoriedad, no están dispuestos a permitir aplazamientos que retrasen la implementación de la medida más allá de 2025. Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, expresó que «podemos ser flexibles, pero no vamos a aceptar aplazamientos que lleven la implementación más allá de 2025, ya que eso sería discriminatorio».
Cambios en el sistema de despidos
Por otro lado, el secretario de Estado de Empleo aprovechó la ocasión para confirmar la intención del Gobierno de reformar el sistema de despido en España. Esta reforma busca adecuar las indemnizaciones a lo estipulado en la Carta Social Europea, un compromiso internacional que España ha suscrito. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido recientemente una resolución que respalda esta necesidad de ajuste, declarando que la normativa española actual vulnera la Carta.
Pérez-Rey subrayó que «no puede ser que las empresas despidan a trabajadores sin justificación, o simplemente porque alguien no atiende una llamada fuera de su horario. Despedir no puede ser un ejercicio banal». El Gobierno se ha comprometido a negociar una reforma que haga que el despido sea una medida disuasoria y con consecuencias significativas, especialmente en casos donde no existan causas justificadas.
La propuesta del Gobierno representa un avance significativo hacia una mejora en las condiciones laborales y en la protección de los derechos de los trabajadores, marcando un paso importante hacia un entorno laboral más justo y equilibrado.
