El Gobierno ha lanzado una propuesta para modificar la jornada laboral, reduciéndola a 37,5 horas semanales. Esta medida, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin afectar sus salarios.
El Ministerio de Trabajo, liderado por Joaquín Pérez Rey, número dos de Yolanda Díaz, ha dado un ultimátum a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La patronal tiene hasta el 1 de julio para presentar una propuesta sobre la reducción de la jornada laboral.
De no recibir respuesta, el Gobierno pactará directamente con los sindicatos para implementar la reducción de la jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas en 2025.
Cuándo se aplicará la reducción de la jornada laboral
El borrador del real decreto establece que a partir del 1 de enero de 2025, la jornada laboral máxima en España será de 37,5 horas semanales. Además, se prevé una reducción intermedia a 38,5 horas semanales en cuanto se apruebe la nueva norma, algo que el Gobierno espera lograr antes del final del verano. Estas reducciones serán aplicables en términos anuales, garantizando una implementación gradual y ordenada.
Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es el impacto en los contratos a tiempo parcial. Según el borrador, aquellos contratos que impliquen una prestación laboral igual o superior al promedio de las nuevas jornadas (38,5 horas en 2024 o 37,5 horas en 2025) se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo. En otros casos, los empleados a tiempo parcial mantendrán su horario actual pero tendrán derecho a un incremento proporcional de su salario.
Sanciones a las empresas
Para asegurar el cumplimiento de estas nuevas disposiciones, el Gobierno ha establecido controles rigurosos tanto para grandes como para pequeñas empresas. Yolanda Díaz ha destacado la importancia de estas medidas para garantizar que la reducción de la jornada laboral se implemente de manera efectiva y justa.
En cuanto a las sanciones, el borrador del real decreto endurece significativamente las multas para las empresas que no cumplan con la nueva normativa. Las empresas que no respeten el registro horario y la reducción de la jornada laboral serán multadas con hasta 10.000 euros por trabajador afectado. Esto representa un aumento considerable en comparación con las sanciones actuales, que tienen un máximo de 7.500 euros.
Las infracciones se clasificarán en tres grados: mínimo, medio y máximo. Las multas en el grado mínimo oscilarán entre 1.000 y 2.000 euros. En el grado medio, entre 2.001 y 5.000 euros. Y en el grado máximo, entre 5.001 y 10.000 euros. Estas sanciones se aplicarán no solo a la jornada laboral, sino también a las normas relacionadas con el trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos y registro de jornada.
Con estas medidas, el Gobierno busca no solo reducir la jornada laboral, sino también mejorar las condiciones de trabajo y garantizar un equilibrio entre la vida personal y profesional de los trabajadores españoles. La reducción de la jornada laboral se presenta como una oportunidad para avanzar hacia un modelo laboral más justo y equilibrado, donde la productividad y el bienestar de los trabajadores vayan de la mano.
Esta propuesta, aunque ambiciosa, refleja el compromiso con la mejora de las condiciones laborales en España, estableciendo un nuevo estándar para el trabajo en el país y sirviendo de ejemplo para otras naciones. Las empresas, por su parte, deberán adaptarse a estos cambios y garantizar que cumplen con las nuevas normativas para evitar las cuantiosas sanciones previstas.