En España, la Seguridad Social está denegando la mayoría de las solicitudes de incapacidad permanente, lo que plantea un desafío para aquellos ciudadanos que realmente necesitan este tipo de pensión.
Las pensiones de incapacidad permanente son contributivas, lo que implica un gasto considerable para el Estado. A medida que aumenta el número de beneficiarios, también lo hace el costo para la Seguridad Social. Por ello, parece que se ha adoptado una política estricta de denegación.
En la actualidad, más del 90% de las solicitudes de incapacidad permanente son rechazadas en primera instancia por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ante una denegación, los solicitantes tienen la opción de presentar una Reclamación Previa ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sin embargo, si esta también es denegada, la siguiente etapa es llevar el caso a los tribunales.
Lamentablemente, muchos ciudadanos no proceden con la reclamación judicial debido a la falta de conocimiento o recursos económicos para afrontar los costos legales. De hecho, más del 70% de las solicitudes denegadas no se recurren judicialmente, lo que evidencia la barrera que supone el costo de los procedimientos legales.
Cómo conseguir la incapacidad permanente
Para aquellos que optan por llevar su caso a la vía judicial, es esencial contar con abogados especializados en incapacidad laboral. Estos profesionales realizan un análisis preliminar de la viabilidad del caso, evaluando las probabilidades de éxito antes de proceder. Algunas firmas legales trabajan bajo la modalidad de «cobro a éxito», es decir, solo perciben honorarios si consiguen el reconocimiento de la pensión para su cliente. Esta opción puede ser más accesible para personas con recursos limitados, ya que evita los pagos por adelantado.
La Seguridad Social emplea un filtro de denegación que agrupa a quienes tienen patologías serias con aquellos cuyas dolencias son menores. Este enfoque generalizado resulta en la negación de muchas solicitudes legítimas, obligando a los afectados a iniciar procedimientos judiciales largos y agotadores.
Este sistema de denegación automática no solo desafía la equidad del proceso, sino que también desanima a los ciudadanos de continuar con sus reclamaciones. La falta de recursos y el desconocimiento agravan la situación, dejando a muchas personas sin la pensión que necesitan.
La Importancia del asesoramiento profesional
Para aumentar las probabilidades de éxito en la obtención de una pensión de incapacidad permanente, es crucial buscar asesoramiento profesional desde el inicio del proceso. Los abogados especializados pueden proporcionar la guía necesaria a lo largo de todo el procedimiento, desde la solicitud inicial hasta posibles acciones judiciales. Esto no solo optimiza las posibilidades de obtener la pensión, sino que también alivia la carga emocional y financiera del solicitante.
Por tanto, la alta tasa de denegación de solicitudes de incapacidad permanente por parte de la Seguridad Social en España plantea un desafío considerable para los ciudadanos. El asesoramiento legal especializado se convierte en una herramienta vital para aquellos que buscan el reconocimiento de su incapacidad. A medida que el sistema sigue siendo estrictamente protector de sus recursos, los solicitantes deben estar preparados para un proceso complejo y a menudo desafiante.