El plan del Gobierno español para reducir la jornada laboral ha tomado un giro inesperado en su aplicación, marcando una pauta diferenciada por segmentos de edad en lugar de una implementación generalizada.
La medida busca reducir progresivamente el límite legal de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. No obstante, este objetivo no se alcanzará de forma uniforme, ya que la patronal y los sindicatos han acordado que la reducción de horas se aplicará primero a los trabajadores mayores de 55 años con más de una década de antigüedad en sus empleos.
El Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, ha mostrado una notable flexibilidad ante la presión de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los sindicatos UGT y CCOO, aceptando que la reducción de la jornada laboral no se aplique de manera inmediata en enero de 2025, como se había planeado originalmente.
Reducción de la jornada laboral por segmentación
La medida de la reducción de la jornada laboral se implementará de forma gradual a lo largo del año, permitiendo a las empresas adaptarse a los cambios sin incurrir en costes adicionales significativos.
Esta flexibilización ha sido bien recibida por la patronal, que había expresado una fuerte oposición a la reducción de la jornada laboral, argumentando que el aumento de costes laborales podría afectar la competitividad de las empresas, especialmente en sectores sensibles como la construcción y la industria. De hecho, la CEOE ha conseguido que la medida se enfoque inicialmente en un grupo específico de trabajadores, aquellos mayores de 55 años con más de 10 años en la empresa, quienes verán reducida su jornada de manera progresiva a partir de 2025.
Los mayores de 55 años, primeros beneficiados
El plan contempla que los trabajadores mayores de 55 años que trabajen más de 20 horas semanales disfruten de una reducción anual de 60 horas, mientras que aquellos con menos horas verán un recorte de 30 horas. Esta reducción se incrementará con la edad, alcanzando un máximo de 284 horas anuales para los empleados de 67 años. Esta decisión responde a la necesidad de adaptar la jornada laboral a las condiciones específicas de los trabajadores más veteranos, quienes podrán beneficiarse de un mejor equilibrio entre vida laboral y personal.
El cambio de estrategia del Gobierno, que prioriza el consenso sobre la rapidez en la aplicación de la medida, ha generado tensiones entre los agentes sociales. Los sindicatos, que han mostrado su apoyo inicial a la reducción de la jornada laboral, han comenzado a expresar su impaciencia ante la falta de avances concretos. De hecho, han advertido sobre posibles movilizaciones si no se logra un acuerdo satisfactorio en las próximas reuniones, previstas para el próximo lunes.
Mientras tanto, el debate sobre la reducción de la jornada laboral continúa dividiendo a la sociedad española. Aunque la medida cuenta con un amplio respaldo social, especialmente entre los jóvenes y el electorado progresista, la implementación desigual ha generado incertidumbre. Según encuestas recientes, dos de cada tres españoles apoyan la reducción de horas, e incluso un día menos de trabajo a la semana.
El desafío ahora para el Gobierno es equilibrar su promesa electoral con la realidad económica del país, buscando un acuerdo que satisfaga tanto a la patronal como a los trabajadores, sin comprometer la competitividad de las empresas ni la estabilidad del mercado laboral.