En los últimos cinco años, el gasto en incapacidad temporal ha experimentado un incremento alarmante del 90%, pasando de 7.484 millones de euros en 2018 a más de 14.000 millones el año pasado.
Este aumento es significativo en las enfermedades comunes, con un 91% de crecimiento, comparado con el 53% de las bajas por contingencias profesionales, según datos del Ministerio de la Seguridad Social recogidos en un informe de Fedea. Esta fundación, vinculada al Banco de España y a entidades financieras, ha elaborado el informe en el que se subraya que este incremento en el gasto de bajas laborales amenaza la sostenibilidad del sistema.
Entre las causas identificadas se encuentra el aumento del 10% en la población protegida, resultado de un mayor número de personas trabajando y, por tanto, más cotizantes. Este fenómeno refleja un incremento en las prestaciones contributivas.
A las causas económicas se suman deficiencias en el sistema sanitario y los prolongados tiempos de espera para diagnósticos y cirugías, especialmente en comparación entre la atención proporcionada por Mutuas de accidentes de trabajo y los Servicios Públicos de Salud. El informe destaca una diferencia significativa en los tiempos de recuperación de procesos traumatológicos: un promedio de 41,08 días si son atendidos por la Mutua, en comparación con 67,78 días si la atención es pública.
Medidas para reducir la incapacidad temporal
Esto deriva en la urgencia de implementar medidas que estabilicen el gasto creciente sin fomentar una cultura donde resulte más beneficioso económicamente estar de baja que trabajando. Propone unificar el tratamiento de las bajas laborales en los regímenes a extinguir de la Seguridad Social (ISFAs, MuGeJu y Clases Pasivas) con los demás regímenes, estableciendo prestaciones parciales compatibles con el desarrollo de parte de la jornada, ya sea durante la recuperación o desde el inicio.
Una estrategia sugerida por Fedea para regular el gasto sin recurrir a medidas drásticas es penalizar a las empresas que en sus convenios colectivos incluyen complementos salariales en situaciones de incapacidad temporal, alcanzando el 100% del salario. Aunque la CEOE y otras organizaciones empresariales, en colaboración con los sindicatos, han ido eliminando estos beneficios de los convenios, aún persisten en muchos acuerdos.
Recargo en la cotización a la Seguridad Social
El informe sugiere que una posible medida legal sería establecer un recargo en la cotización a la Seguridad Social para los empleadores que ofrezcan estos incentivos, de un importe similar al desembolso realizado. Este recargo estaría orientado a la prevención de riesgos laborales y podría ser administrado por la administración competente o la Mutua colaboradora.
Desde Fedea indican que, de implementarse una medida así, estos beneficios desaparecerían rápidamente de la negociación colectiva. Cita como ejemplo la reducción de las aportaciones a fondos de pensiones por parte de las empresas cuando estas quedaron sometidas a cotización de la Seguridad Social.
Finalmente, el informe plantea la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y los protocolos de prevención de riesgos laborales. El objetivo es reducir el volumen de incapacidades, asegurando que las jornadas laborales y las condiciones no contribuyan a un aumento en las bajas laborales.
Con estas medidas, Fedea busca equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema de incapacidad temporal y mejorar la eficiencia de la atención sanitaria, asegurando que las bajas laborales se gestionen de manera justa y equitativa, sin sobrecargar el sistema.