La pensión de incapacidad permanente, una prestación que paga el Instituto Nacional de la Seguridad Social a trabajadores cuya capacidad laboral se ve reducida o anulada.
El objetivo principal de esta pensión es reducir la pérdida de ingresos que sufren estos trabajadores debido a su situación de salud.
En España, se distinguen cuatro grados de incapacidad permanente, cada uno asociado al nivel de inhabilitación para realizar actividades laborales específicas, y dichos grados determinan la cuantía económica de la pensión correspondiente.
Empleo con una incapacidad permanente
En un primer nivel, se encuentra la incapacidad parcial para la profesión habitual, la cual implica una reducción no inferior al 33% del rendimiento en dicha profesión, sin requerir que el trabajador abandone su empleo actual.
Por otro lado, la incapacidad total para la profesión habitual inhabilita al individuo para desempeñar su trabajo habitual, aunque le permite compatibilizar la pensión con otra actividad laboral, siempre y cuando no entre en conflicto con el grado de incapacidad reconocido.
La incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo supone una inhabilitación total para cualquier profesión u oficio. Por último, la Gran Invalidez, similar a la incapacidad absoluta, implica además la necesidad de asistencia de una tercera persona para llevar a cabo acciones básicas de la vida. En cuanto a la compatibilidad con el trabajo, la incapacidad permanente absoluta y la Gran Invalidez permiten realizar actividades compatibles con el estado de salud hasta la edad de acceso a la jubilación, momento en el cual se vuelve incompatible con cualquier tipo de trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena.
Compatibilidad de empleo e incapacidad permanente
Surge la interrogante sobre la compatibilidad de la incapacidad reconocida con una actividad laboral específica, una cuestión que puede generar dudas entre los beneficiarios de la pensión de incapacidad permanente. Al abordar estas cuestiones, es importante considerar varios factores, tales como el motivo por el cual se otorgó la pensión, las limitaciones derivadas de la incapacidad y las tareas y exigencias propias del empleo en cuestión.
La normativa vigente establece que la persona beneficiaria de una pensión de incapacidad permanente debe informar con antelación a la Seguridad Social sobre su intención de reincorporarse al mercado laboral. Este proceso implica completar un formulario donde se detallan los datos requeridos por la Administración.
El apartado 3 de este formulario adquiere una relevancia particular, ya que en él, el trabajador debe explicar detalladamente cómo es el empleo y las funciones que llevará a cabo, a fin de dejar claro por qué motivos es compatible con su pensión de incapacidad permanente.
Una vez presentada esta información, el Instituto Nacional de la Seguridad Social evalúa la posibilidad de revisar la pensión, aunque es importante destacar que una revisión no implica necesariamente la retirada de la incapacidad.
No obstante, existe la posibilidad de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social retire el derecho a la incapacidad permanente si se percibe incompatibilidad con una actividad laboral específica. En este contexto, la cautela y la consulta con especialistas se erigen como elementos esenciales para evitar posibles inconvenientes en este proceso.
Por tanto, si el nuevo trabajo resulta claramente incompatible con las lesiones, la retirada de la prestación puede ser una consecuencia posible, pero siempre después de un procedimiento adecuado. Por lo tanto, actuar con prudencia y buscar asesoramiento profesional se presentan como elementos cruciales en este ámbito. La certeza radica en que, si el empleo es evidentemente incompatible con las lesiones, la retirada de la prestación no se dudará en aplicar, subrayando la importancia de proceder con precaución en este asunto.