La nueva propuesta del Gobierno respecto a la implementación de una reducción de la jornada laboral en el ámbito de nuestro territorio nacional enfatiza unas olvidadas medidas laborales encaminadas a determinados colectivos de persona trabajadoras que experimentarán el aumento del salario. Esta propuesta normativa prevé establecer una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales con especial incidencia sobre aquellas personas trabajadoras que tienen contrato a tiempo parcial.
Estas personas trabajadoras se verán obligadas a aceptar un aumento salarial proporcional (acorde con el aumento de salario de la jornada laboral que va a producirse) sí deciden mantener su mismo volumen de horas trabajadas a partir del momento en que la futura ley entre en vigor.
¿Quiénes serán los que se beneficiarán de la reducción de la jornada laboral?
La reducción de la jornada ordinaria de 40 a 37,5 horas semanales beneficiará de forma preferente a los trabajadores en régimen de contrato a tiempo parcial, un colectivo donde predominan los trabajadores jóvenes. El borrador de la futura norma, un texto que fue entregado a los agentes sociales, obligará a las empresas a ajustar el salario de forma proporcional para aquellos trabajadores que mantengan su carga horaria.
Es decir, en el momento en el que un trabajador con jornada parcial continúe realizando el mismo número de horas que ya realizaba antes de la entrada en vigor de la norma, le corresponderá un aumento de salario correspondiente.
Esta medida responde a una reivindicación histórica para establecer mejoras en las condiciones laborales de los contratos a tiempo parcial. Si bien los detalles de la cuestión de la regulación están aún abiertos a discusión, el enfoque hay que dejarlo claro: quien realice el mismo número de horas, debe tener derecho a aumento de salario.
La nueva jornada laboral y sus efectos prácticos
Esto viene a ser una gran ventaja para muchísimos trabajadores que pelean por mejorar su situación salarial, entre otras cosas. Igualmente, cabe matizar que la norma da la opción de reducir la duración semanal de 20 horas a 19,25 este año y el año 2025 a 18,75, pero siempre que dicha opción sea voluntaria. Por otro lado, no se verán afectados aquellos trabajadores pertenecientes a empresas cuyos convenios ya establecen una duración máxima de 37,5 horas semanales o inferior. Control y registro de la nueva duración La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encargará del cumplimiento de la nueva duración laboral.
La ley también prevé el registro con un nuevo sistema de control de horas que permite a la Administración poder acceder a los registros telemáticamente y, con ello, contribuir a que las empresas respeten la nueva duración. Finalmente, apuntamos que el Gobierno no solamente deja fuera un periodo transitorio para poner en práctica la reducción de jornada, sino que la medida será de aplicación obligatoria. O sea, que durante el periodo que va hasta el 31 de diciembre de 2024, la jornada máxima será de 38,5 horas y, en cambio, a partir de enero de 2025 la jornada máxima será de 37,5 horas por semana.
Con esta norma, se va avanzando en el camino hacia una jornada laboral más corta en España, buscando mejoras en la calidad de vida de los trabajadores.