En la búsqueda de una democracia inclusiva, el voto secreto durante unas elecciones es un pilar fundamental, algo que no estaba al alcance de muchas personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidades visuales.
Las personas con discapacidad visual se enfrentan a desafíos significativos para ejercer este derecho esencial debido a la falta de accesibilidad en los sistemas de votación. Aunque se han implementado medidas como papeletas en braille y máquinas de votación con capacidades auditivas, estas soluciones no garantizan la confidencialidad del voto.
Es crucial desarrollar un sistema de votación que permita a las personas con discapacidad visual emitir su voto de manera independiente y secreta sin la necesidad de terceras personas que les asistan.
Derecho fundamental para las personas con discapacidad
En este sentido, el Grupo Social ONCE ha asumido el compromiso de garantizar este derecho fundamental a las personas ciegas. Su objetivo es hacerlo realidad para las próximas elecciones europeas de junio. Para lograrlo, la ONCE ha lanzado una campaña que habilita el voto privado, autónomo y equitativo a través de un código QR, accesible desde el teléfono móvil.
Esta iniciativa ya está en marcha, respaldada por una campaña activa. En este sentido ya se ha realizado una demostración con eurodiputados en instituciones europeas, demostrando su viabilidad. Si todo progresa como se espera, las personas con discapacidad visual obtendrán el mismo derecho que cualquier otro ciudadano: la privacidad al votar en elecciones, promoviendo así una democracia verdaderamente inclusiva.
Desde la ONCE indican que es imprescindible avanzar hacia una sociedad donde cada individuo, independientemente de sus capacidades, pueda ejercer su derecho al voto de manera autónoma y confidencial, fortaleciendo así los cimientos de una democracia inclusiva y equitativa.
Consumidores discapacitados
La ONCE, el CERMI y el Consejo de Consumidores y Usuarios han firmado un acuerdo con el objetivo de fortalecer la protección de las personas con discapacidad como consumidoras. Este acuerdo implica una serie de acciones destinadas a garantizar y hacer efectivos los derechos de este colectivo, que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.
Se brindará apoyo a iniciativas que promuevan el consumo responsable, haciendo hincapié en su dimensión social y fomentando productos y servicios producidos por personas con discapacidad. Asimismo, se incentivará al sector empresarial a integrar la perspectiva de la discapacidad en sus productos y servicios.
Además, se llevarán a cabo actividades relacionadas con la seguridad jurídica de los consumidores en áreas de interés común, como el ámbito del juego, incluyendo Internet, telefonía móvil y otras tecnologías emergentes.
En España, los derechos de los consumidores y usuarios están protegidos por la Constitución desde 1978. La legislación vigente reconoce una serie de derechos fundamentales, como la protección de la salud y seguridad, intereses económicos y sociales, reparación de daños, información y educación en materia de consumo, entre otros. Estos derechos son respaldados por diversas entidades, como las Direcciones Generales de Consumo de las Comunidades Autónomas, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, asociaciones de consumidores, Juntas Arbitrales de Consumo y los Tribunales de Justicia. Sin embargo, queda mucho por avanzar en los derechos de las personas discapacitadas.