La incapacidad permanente es una condición en la que un trabajador no puede realizar su actividad habitual debido a una enfermedad o lesión. Esta condición puede ser temporal o permanente, y puede afectar a la capacidad del trabajador para realizar cualquier tipo de trabajo.
La incapacidad permanente se clasifica en cuatro grados:
- Incapacidad permanente total para profesión habitual: El trabajador no puede realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual, pero puede realizar trabajos de otra profesión.
- Incapacidad permanente parcial: El trabajador no puede realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual, pero puede realizar tareas secundarias de la misma.
- Incapacidad permanente total: El trabajador no puede realizar ningún tipo de trabajo.
- Incapacidad permanente absoluta y gran invalidez: El trabajador no puede realizar ningún tipo de trabajo y necesita la ayuda de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Nuevos beneficios de la incapacidad permanente
Acceder a estos nuevos beneficios por tener una discapacidad del 33% con una incapacidad permanente total es una posibilidad que el Estado contempla, pero es esencial entender las diferencias entre ambos conceptos. La incapacidad permanente total, el grado más bajo de invalidez con derecho a pensión contributiva, implica la inhabilitación del trabajador para realizar su profesión habitual, aunque no excluye la realización de otras actividades laborales compatibles con las limitaciones que originaron la pensión.
En febrero de 2023, fue aprobada la nueva Ley de Empleo, introduciendo un beneficio adicional para quienes tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente total. A partir de este grado, se asimila a la persona beneficiaria con una discapacidad del 33%, pero exclusivamente en el ámbito laboral. Esto significa que aquellos con una incapacidad permanente total pueden acceder a ofertas de empleo públicas y privadas dirigidas a personas con discapacidad, representando un beneficio significativo.
Quién se beneficia de estas medidas
No obstante, es importante destacar que esta asimilación del 33% de discapacidad solo aplica al ámbito laboral y no brinda acceso a todos los beneficios sociales y fiscales contemplados por el Estado español para personas con discapacidad igual o superior al 33%. Para obtener estos beneficios adicionales, es necesario obtener un certificado de discapacidad aparte, emitido por los servicios sociales de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Por lo tanto, las personas con una incapacidad permanente total y una discapacidad reconocida del 33% podrán favorecerse de una variedad de beneficios fiscales y sociales, tales como reducciones en el IRPF al presentar la Declaración de la Renta, reducción del IVA en la compra de vehículos especiales, exención del impuesto de matriculación e impuesto de circulación de vehículos, descuentos fiscales en la adquisición de vivienda, descuentos en transporte público, gratuidad en muchos casos, descuentos en ocio y cultura, y la obtención de una tarjeta de estacionamiento para el aparcamiento de vehículos de personas con movilidad reducida.
Es crucial recordar que para acceder a estos beneficios adicionales, no basta con tener únicamente una incapacidad permanente total reconocida; también es necesario poseer un certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Este enfoque integral permite a los individuos aprovechar al máximo los recursos y apoyos disponibles para mejorar su calidad de vida.