El recién aprobado Decreto Ley por parte del Govern ha generado un profundo malestar en el sector inmobiliario, particularmente entre voces como la de Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
La plataforma ha expresado su preocupación, señalando que esta nueva normativa solo amplificará los desafíos ya existentes en el mercado de alquiler de viviendas.
Según Iñareta, el Decreto Ley, aprobado de urgencia, «conseguirá dañar aún más la oferta de viviendas«, reforzando así una perspectiva crítica hacia las políticas gubernamentales que, según Idealista, han exacerbado la crisis habitacional en Cataluña. Esta declaración se suma a la creciente preocupación dentro del sector inmobiliario ante las medidas adoptadas por el Gobierno catalán.
El decreto Ley que critica Idealista
El decreto en cuestión tiene como objetivo principal regular los alquileres de temporada y evitar que los propietarios de vivienda eludan la regulación de precios en áreas de mercado tensionado. Esto implica una serie de modificaciones en las leyes catalanas de vivienda y de fianzas, estableciendo multas significativas para aquellos propietarios que no cumplan con las disposiciones.
Una de las claves de esta regulación es la distinción entre el uso turístico o recreativo y el uso residencial de una propiedad en alquiler. De acuerdo con el decreto, si un alquiler temporal no está destinado a fines vacacionales sino a necesidades de residencia permanente, debe ajustarse a la legislación española, que incluye medidas de contención de precios y otros aspectos regulatorios.
Para respaldar la condición de vivienda permanente, los propietarios deberán proporcionar documentación que justifique la temporalidad del alquiler al momento de depositar la fianza en el Instituto Catalán del Suelo (Incasol). Esta medida busca evitar el abuso de contratos de alquiler de temporada para eludir las regulaciones de precios y derechos de los inquilinos.
Reacciones enfrentadas
La consejera de Territorio, Ester Capella, ha defendido la necesidad de estas medidas, argumentando que buscan cerrar lagunas legales que han permitido el aumento de los alquileres de temporada como una forma de evadir la regulación. Según Capella, el objetivo es garantizar el derecho a una vivienda digna y combatir prácticas fraudulentas que perjudican a los inquilinos.
Sin embargo, las reacciones al decreto no se han hecho esperar. Mientras que grupos como el Sindicato de Inquilinas han celebrado la medida, el sector inmobiliario y los portales de internet han expresado su preocupación y descontento. Se han señalado problemas como la falta de consulta con el sector y la posibilidad de generar inseguridad jurídica para propietarios y arrendatarios.
En particular, Idealista ha advertido que estas medidas podrían ahondar en la crisis de oferta de viviendas, desestimulando a los propietarios y generando un efecto adverso en el mercado. Iñareta ha destacado la necesidad de considerar las recomendaciones de organismos internacionales y ha criticado la tendencia gubernamental hacia la persecución y la criminalización de los propietarios, atribuyendo la situación actual a políticas basadas en decretos y prohibiciones.
El futuro del Decreto Ley dependerá de su ratificación y del apoyo político que reciba en el próximo mes. Mientras tanto, el debate sobre la regulación del mercado de alquiler de viviendas en Cataluña continúa, con posturas encontradas entre diferentes actores involucrados.