El Gobierno está dando pasos firmes hacia la implementación de un nuevo conjunto de incentivos diseñados para retrasar la edad de jubilación en el país con el objetivo de poder sostener el sistema de pensiones del país a largo plazo.
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha anunciado que se encuentran trabajando en medidas concretas para desalentar las jubilaciones anticipadas y promover la prolongación de la vida laboral de los ciudadanos, en un intento por hacer frente a los desafíos económicos y demográficos que enfrenta el sistema de pensiones.
Este enfoque responde a la creciente preocupación por el impacto financiero que conlleva la jubilación anticipada. Según datos recientes, las jubilaciones anticipadas están disminuyendo en número, mientras que las jubilaciones demoradas han experimentado un aumento significativo, duplicándose en comparación con años anteriores. Esta tendencia refleja la creciente conciencia entre los trabajadores sobre los desafíos financieros que enfrentan en la jubilación y la necesidad de tomar decisiones informadas sobre el momento adecuado para retirarse.
8.000 euros al año por adelantar la edad de jubilación
Una de las principales razones detrás de esta tendencia es el recorte sustancial en la pensión que enfrentan aquellos que optan por jubilarse antes de la edad ordinaria establecida por la ley. En España, la edad de jubilación ordinaria para acceder al 100% de la pensión se sitúa en los 65 años, con un requisito de cotización de 38 años o más. Aquellos que no alcancen este período de cotización deben esperar hasta los 66 años y 6 meses para obtener el beneficio completo.
La penalización por jubilación anticipada se refleja en una reducción en la cuantía de la pensión, que puede ser significativa. Según estimaciones de expertos en seguridad social, esta penalización podría alcanzar hasta los 666 euros al mes, lo que equivale a una reducción anual de aproximadamente 8.000 euros en la pensión. Esta disminución se calcula en función de los meses adelantados respecto a la edad de jubilación legal y los años cotizados por el trabajador.
La Seguridad Social ha detallado que los recortes se aplican directamente sobre la cuantía de la pensión, reduciendo el porcentaje de la base reguladora de acuerdo con los meses anticipados y el período de cotización. Esta reducción se detalla en un cuadro de coeficientes reductores, que muestra porcentajes que van desde el 2,81% hasta el 21%.
Ventajas de demorar la jubilación
En contraposición, aquellos trabajadores que decidan prolongar su vida laboral pueden evitar estos recortes y, además, beneficiarse de incentivos adicionales que el Gobierno planea implementar. Estos incentivos podrían incluir bonificaciones en las cotizaciones sociales, incrementos graduales en la pensión por cada año adicional de trabajo, así como programas de formación y reciclaje laboral para facilitar la transición hacia empleos más sostenibles a medida que los trabajadores envejecen.
El objetivo principal de estas medidas es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo y promover una transición gradual hacia la jubilación, que permita a los trabajadores mantener una adecuada calidad de vida una vez que dejen de trabajar activamente. Además, se espera que estas iniciativas contribuyan a abordar los desafíos demográficos y económicos asociados al envejecimiento de la población, asegurando un futuro más estable y próspero para todos los ciudadanos.